La Violencia de Género en Colombia: Según datos de la Fiscalía General de la Nación y el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, en Colombia se reportan altos niveles de violencia de género, especialmente violencia intrafamiliar. En 2022, se registraron miles de casos de violencia física, psicológica y sexual contra mujeres, aunque estos datos no especifican un contexto de propiedad horizontal (por ejemplo, edificios o conjuntos residenciales). La discriminación hacia la mujer y la violencia de género en el contexto de la propiedad horizontal en Colombia no cuenta con estadísticas específicas detalladas en informes públicos nacionales. Sin embargo, la violencia de género y discriminación en general sí han sido temas de investigación y reportes en el país
Es importante tener en cuenta que la Ley 675 de 2001, no se tiene en cuenta la violencia de género y mucho menos en el nuevo proyecto de Ley, no se ha incluido este tema, hoy en día más del 75 % de la población vive en propiedad horizontal y de este porcentaje, quienes administran la propiedad son mujeres, que son personas naturales y de parte de las empresas las coordinadoras operativas (administradoras delegadas) son mujeres. El maltrato hacia administradoras de propiedad horizontal es un tema poco documentado específicamente en Colombia, aunque algunas asociaciones y medios han comenzado a abordar la problemática debido a los altos niveles de estrés, abuso verbal y, en algunos casos, amenazas o violencia que enfrentan estos profesionales. en su trabajo diario. Algunos puntos importantes a considerar:
1.Falta de Regulación Específica para la Protección Laboral: Las administradoras de propiedad horizontal, al igual que otros profesionales en este ámbito, enfrentan desafíos significativos, especialmente cuando deben hacer cumplir normas que no son populares entre los residentes. Esto puede generar enfrentamientos y hasta agresiones verbales o acoso, los cuales pueden tener una connotación de género, ya que las mujeres en estos cargos suelen recibir un trato más despectivo o paternalista, sumado a esto no es fácil confrontar un propietario y cuando se acude al comité de convivencia o a la policía no es posible recibir una respuesta positiva ante los hechos.
En Colombia, la violencia de género sigue siendo alarmante en 2024. Según el Instituto Nacional de Salud (INS), hasta agosto de este año se han registrado aproximadamente 131.501 casos de violencia de género. De estos, el 75,6% afecta a las mujeres. Los casos incluyen 61.102 de violencia física, 34.842 de violencia sexual y 14.375 de violencia psicológica. Además, se han documentado al menos 187 feminicidios, la mayoría perpetrados por parejas o exparejas de las víctimas, lo que enfatiza el riesgo constante en entornos cercanos para muchas mujeres.
Estos datos reflejan una problemática persistente, con llamados de entidades como la Procuraduría para reforzar las medidas de protección y atención. Las autoridades han habilitado líneas de apoyo y plataformas de denuncia para ayudar a las víctimas, como la línea 155 de atención las 24 horas y el sistema virtual de la Fiscalía General, pero la magnitud de los casos sigue siendo alta, destacando la necesidad de una
En Bogotá, alrededor del 70% de la población vive en propiedad horizontal, lo que representa aproximadamente seis millones de personas. Esta alta concentración de habitantes en edificios y conjuntos residenciales responde al crecimiento urbano ya la preferencia por viviendas en formato de propiedad horizontal en diversas localidades, especialmente en zonas como Suba, Usaquén.
En la propiedad horizontal, el rol de los administradores es fundamental para mantener la armonía y el correcto funcionamiento de la copropiedad. lamentablemente, estos problemas de acoso laboral y hostilidad se presentan con más frecuencia de lo que se piensa, y la falta de apoyo instruccional, hace que la administración se convierta en un sector con riesgo social y mientras este oficio no se profesionalice y se le dé un orden en su mandato seguirá la violencia y la deserción de algunas administradoras y por su puesto administradores.
Es cierto que la Ley 675 de 2001 busca promover una sana convivencia y establece principios claros que deben aplicarse a todos los miembros de la copropiedad. Sin embargo, el marco legal a menudo se queda corto para proteger de manera efectiva a los administradores frente a actitudes de hostigamiento, especialmente cuando éstas provienen de otros residentes o incluso del mismo consejo de admiración. Este es un problema de salud mental y de respeto por la dignidad de las personas que desempeñan funciones de administración. Las acusaciones malintencionadas y los juicios de valor no solo afectan la imagen y el bienestar de los administradores, sino que también impactan en la estabilidad de toda la comunidad. Sería ideal que existieran protocolos más claros y efectivos de protección para los administradores, que incluyan tanto el apoyo legal como medidas de prevención y sanción en casos.
En Bogotá, los administradores de propiedad horizontal enfrentan serias problemáticas, incluyendo casos de agresiones y maltrato, tanto de parte de copropietarios como de miembros de los consejos de administración. Aunque las denuncias de violencia física son menos comunes, los administradores reportan tratos hostiles, hostigamiento laboral y acosos psicológicos, que pueden llegar a generar niveles de estrés.
Esta situación subraya la necesidad de fortalecer las normativas y las políticas de Protección para los administradores, así como de crear canales de apoyo más efectivos en caso de conflictos dentro de la propiedad horizontal y no solo quede recepcionada una queja ante el IDPAC y/ o las Alcaldías locales.
Se podrían implementarse mecanismos internos en la copropiedad, como un comité de ética o mediación incluyendo el comité de convivencia
DISCRIMINACION
Pero no solo es el tema de la violencia en la propiedad horizontal, sino la discriminación de género que se presenta a la hora de contratar una administradora, frente un hombre administrador, los honorarios para las mujeres son más bajos, y la discriminación es más grande se da entre las mujeres empresarias de propiedad horizontal, que deben competir con los hombres y es evidente en algunas ocasiones el sesgo a la hora de contratar.
No hay una estadística precisa y ampliamente disponible sobre cuántas mujeres son propietarias de empresas de administración de propiedad horizontal en Colombia. Sin embargo, en los últimos años se ha visto un incremento en el número de mujeres que asumen roles de liderazgo en este sector, que normalmente ha sido dominado por hombres. Las mujeres han ganado terreno en el ámbito de la administración de propiedades gracias a su experiencia en áreas clave como la gestión, la comunicación y la administración y demás áreas relacionadas con la propiedad horizontal.
Algunas asociaciones de propiedad horizontal y cámaras de comercio han notado este crecimiento y, de hecho, se han comenzado a promover redes de apoyo y capacitaciones dirigidas específicamente a mujeres administradoras. Esto apunta a un aumento en la profesionalización y la participación femenina en el sector, aunque todavía hay barreras, especialmente en términos de representación en los niveles más altos de propiedad no solo en temas residenciales, sino en los demás campos, como son:
- Administración de Propiedades Vacacionales (Airbnb, hoteles, apartamentos turísticos),
- Administración de Bienes Raíces,
- Administración de Oficinas o Espacios de Co-Working,
- Administración de Propiedad Horizontal Mixta,
- Administración de Condominios,
- Administración de Edificios Públicos y Privados,
- Administración de Parques Empresariales
